Proyecto de ley aspira a fortalecer la protección de datos en Costa Rica
(San José, 28 de octubre de 2024) El Comité de Asuntos Jurídicos & Legislativos dedicó su sesión de octubre al análisis del proyecto de ley de N° 23.987 sobre Protección de Datos Personales. La normativa responde a la creciente necesidad de modernizar la regulación de datos frente a avances tecnológicos y mayor sensibilidad social hacia la privacidad digital.
Juan Durango, abogado en derecho digital y empresarial, fue el experto invitado. Su análisis profundizó en las limitaciones de la legislación vigente y la urgencia de contar con un ente regulador robusto y bien financiado para velar por la protección de datos personales en el país.
Normativa actual y proyecciones regionales
Durango señaló que la legislación actual resulta insuficiente, especialmente frente a tecnologías emergentes como blockchain y la inteligencia artificial. Costa Rica busca fortalecer su marco legal, en sintonía con las regulaciones avanzadas de otros países en la región y a través de su adhesión al Convenio 108.
Responsabilidades corporativas
La ley establece obligaciones claras para las empresas, que incluyen la redacción de consentimientos informados y la implementación de políticas de privacidad efectivas. Este marco apunta a la transparencia y la responsabilidad en la gestión de datos, particularmente en relación con datos biométricos y la transferencia a terceros.
Derechos de los titulares
Se establece que los titulares de los datos tendrán derecho a la limitación y rectificación de su información. Además, se definen las bases de legitimación, que permitirán el tratamiento de datos en contextos laborales y contractuales, alineándose con los derechos de privacidad en el entorno laboral.
Financiamiento de la Agencia de Protección de Datos
Un aspecto crítico para la implementación de esta ley es el financiamiento adecuado de la Agencia de Protección de Datos. La normativa proyecta esta agencia como un ente clave para garantizar el cumplimiento, pero su operatividad depende de recursos específicos aún por asignar.
El avance de este proyecto de ley representa un hito en la regulación digital de Costa Rica, orientado a proteger los derechos de privacidad de los ciudadanos y establecer un marco claro de responsabilidad para las empresas.
